El pasado 15 de enero fue asesinado Isidro Baldenegro, un hombre rarámuri, quien por más de 30 años luchó para defender a su pueblo, Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, y al bosque de la zona de la explotación y violencia de bandas ilegales de talamontes. La vida y lucha de Isidro Baldenegro fue abrazada en 2005 con el Premio Medioambiental Goldman, el más prestigioso reconocimiento que se otorga a activistas y defensores del medio ambiente a nivel mundial.

En menos de un año, dos activistas y defensores de la vida y el medio ambiente, ambos reconocidos con el Premio Goldman, Isidro Baldenegro y Berta Cáceres, fueron asesinados en América Latina. Sus asesinatos no son una casualidad, tampoco son hechos aislados. Las agresiones dirigidas a las personas, organizaciones, colectivos y comunidades que deciden alzar la voz, organizarse y luchar por los derechos a un medio ambiente sano, sustentable, digno y posible son, en todo el mundo, indignantemente comunes.

El asesinato de Isidro Baldenegro sucedió justo cuando el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Micheal Forst, realizaba una visita oficial a México. El día de ayer (24 de enero), al presentar su Informe de Cierre de Misión, el relator Forst manifestó su indignación por el asesinato de Isidro. Durante su visita, el relator Forst, quien se reunió con más de 800 personas defensoras de derechos humanos, dio cuenta de la impunidad absoluta en la que sobrevivimos en México, además denunció el grave patrón de violencia contra defensores y defensoras.

Contundentemente indicó que “hay una tendencia de muerte” contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. En el Informe de Cierre de Misión también se da cuenta de la criminalización que sufren quienes protegen y promueven los derechos económicos, sociales y culturales, en particular “de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y los derechos a la tierra, agua y ambiente seguro.” La criminalización y las agresiones, que van desde intimidaciones, acoso y amenazas, hasta asesinatos, ejecuciones, desapariciones y desapariciones forzadas, suceden, principalmente, en contextos de megaproyectos extractivistas, de energía y de infraestructura.

La vulnerabilidad de los defensores de los derechos de lo pueblos y territorios indígenas, así como del medio ambiente, es cada vez mayor. La tendencia del gobierno hacia la explotación de los recursos naturales y el despojo de tierras y territorios para beneficio de grandes empresas legales e ilegales sigue acelerándose. De acuerdo a un ejercicio de observación de conflictividades socioambientales en territorios indígenas que llevamos a cabo en la Universidad Iberoamericana, en tan solo dos años, del 2014 al 2015, se registraron más de 100 conflictos activos por la imposición de proyectos mineros, petroleros, agroindustriales y de infraestructura a lo largo de los territorios indígenas del país.

Sí, más de 100 conflictos, en la mayoría de los cuales (2 de cada 3) se han reportado agresiones contra las personas que han decidido alzar la voz en defensa de sus derechos, territorios y modos de vida. La vulnerabilidad de las personas, colectivos y comunidades, esta tendencia de muerte denunciada por Forst, no dejará de incrementarse mientras la impunidad absoluta siga siendo predominante en nuestro país.

Los agresores y asesinos de personas como Isidro Baldenegro agreden, asesinan y desaparecen porque pueden. Pueden porque tiene el respaldo de empresas legales e ilegales, así como de los gobiernos locales, estatales y federal. Pueden porque nosotras y nosotros como sociedad no hemos logrado visibilizar las violencias contra pueblos indígenas y contra defensores de los derechos al territorio y al medio ambiente. Pueden porque personas como Isidro Baldenegro nos eran anónimas hasta que fue demasiado tarde.