Sociedad civil, gobierno e IBERO crean grupo de trabajo sobre refugiados

Vie, 17 Mar 2017
Gobierno mexicano se compromete a establecer un espacio de diálogo para generar propuestas en favor de la población refugiada
CIDH brindará acompañamiento a través de su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes
  • Audiencia celebrada este viernes ante la CIDH

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en conjunto con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, acordaron con el gobierno mexicano la creación de un grupo de trabajo para atender a la población refugiada en el país.

Dicho acuerdo se realizó en el marco de una audiencia celebrada este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en México.

Las organizaciones e instituciones participantes celebraron que el gobierno mexicano se comprometiera en la audiencia a establecer un espacio de diálogo para desarrollar propuestas que mejoren la atención a la población refugiada.

Sin embargo, dijeron que buscarán detectar áreas de mejora y fortalecimiento en los procedimientos, desde la identificación de solicitantes hasta los procesos de integración.

La CIDH, en tanto, brindará acompañamiento al grupo de trabajo a través de su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes.

Al hablar sobre el contexto de las personas refugiadas en el país, las organizaciones refirieron que en 2016, 91.6% de las solicitudes de asilo recibidas en México fueron presentadas por personas del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), quienes se ven obligadas a huir de la violencia y la persecución.

Destacaron que cada vez más las familias que huyen de estos países manifiestan ver a México como un país de destino y no de tránsito.

“Lamentablemente, entre el 2013 y el 2016 sólo 30% de las y los solicitantes fueron reconocidos como refugiados”, expusieron.

También recordaron que hay grupos que están siendo especialmente afectados, como niñas y niños acompañados y no acompañados en riesgo de ser reclutados por las "maras" y otras organizaciones criminales, testigos de crímenes graves, mujeres, gays, entre otros.

Y pese a ello, dijeron, el Estado mexicano sigue privilegiando una política de detección, detención y expulsión expedita al país de origen de las personas en situación migratoria irregular.

Mientras que para aquellas personas que logran ser reconocidas como refugiadas o con la Protección Complementaria, “al día de hoy México no ha tomado medidas suficientes para brindar la asistencia institucional que, por ley, le corresponde (…) Los programas de gobierno no han estado a la altura de los grandes problemas en cuanto acceso a derechos económicos, sociales y culturales”.

Ante este panorama, las organizaciones civiles e instituciones universitarias solicitaron de manera urgente a la CIDH lo siguiente:

  • Exhortar al Estado mexicano a integrar inmediatamente a la población refugiada y beneficiaria de protección internacional dentro de los planes, programas y proyectos sociales en igualdad de condiciones; así como a la creación de políticas públicas de integración específicas para población refugiada, que incluyan metas e indicadores claros y verificables, que permitan evaluar niveles de inclusión social, cultural y económica. Igualmente implementar mecanismos de seguimiento y evaluación, donde se incorpore la participación y liderazgo en la conducción de dependencias como Desarrollo Social, Trabajo y Salud, en cumplimiento a las obligaciones establecidas por los acuerdos SEGUNDO y TERCERO del Decreto de creación del órgano intersecretarial denominado Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
  • Exhortar a los Estados Unidos Mexicanos, a otorgar  la protección más amplia de los derechos fundamentales, conforme a los estándares internacionales  a los solicitantes de asilo, específicamente el derecho al ingreso al territorio nacional y no devolución mediante herramientas de identificación de perfiles de perfiles de personas con necesidad de protección internacional y el derecho a la libertad individual, particularmente en zonas de frontera, por parte de todas las autoridades facultadas para efectuar detenciones migratorias. Para la consecución de este fin proponemos la implementación de la Herramienta para identificar la vulnerabilidad diseñada por la Coalición Internacional contra la Detención.

La audiencia de este viernes se realizó a solicitud del Programa de Derechos Humanos, el Programa de Asuntos Migratorios y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Así como de Asylum Access México, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Casa del Migrante de Saltillo, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Servicio Jesuita a Migrantes México y Sin Fronteras IAP. 


COMPARTIR: