La Universidad Iberoamericana Ciudad de México presentó el informe 'Criminalización de Mujeres Migrantes, análisis de seis casos en la Frontera Sur', en donde Rosario Noriega, Guadalupe Pérez y Santa María Rosales, quienes fueron criminalizadas por el delito de trata de personas, ofrecieron su testimonio y exigieron el reconocimiento de su inocencia y la reparación por el daño que sufrieron.

“Autoridades me levantaron un falso para detenerme. Me hicieron firmar papeles en blanco y me quitaron 10 mil pesos en ese momento. Violaron todos mis derechos. Vengo arrastrando el dolor de haber estado en la cárcel”, señaló Guadalupe Pérez, originaria de Guatemala.

Al evento asistieron integrantes del equipo que documentó los casos durante la detención y posterior libertad de estas mujeres, tal es el caso de la Mtra. Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios, y Denise González, coordinadora del Programa de Derechos Humanos, ambos de la IBERO; Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; y Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, quien explicó cual es el contexto regional en la frontera sur que dio pie a la criminalización de las mujeres.

En el informe se presentan las condiciones de violencia y discriminación que derivaron en la fabricación de delitos en contra de las mujeres migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la frontera sur de México, ya que han tenido que abandonar sus lugares de origen debido a la pobreza y violencia generalizada.

Santa María Rosales, de origen hondureño, platicó que estuvo en la cárcel durante tres años. “Me sacaron de mi casa casi desnuda. Fue muy duro para mí estar encerrada, además del sufrimiento por la violación de mi hija de 13 años mientras estaba encerrada. Por eso decidí hacer una huelga de hambre, junto con una compañera que decidió apoyarme. El director de la cárcel nos mandó a llamar para decirnos que termináramos con la huelga porque nadie nos iba a hacer caso, porque no teníamos apoyo de nadie”, platicó.

Tras analizar los seis casos, el informe 'Criminalización de mujeres migrantes', elaborado por el Centro Prodh, el Programa de Derechos Humanos de la IBERO, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Australia Aid, muestra las fallas en los sistemas de administración y procuración de justicia, la discriminación que enfrentan las mujeres migrantes en México, así como las diversas violaciones a los derechos humanos que enfrentaron estas seis mujeres migrantes en la frontera sur.

“Estuve presa tres años y un mes, me llevaron con engaños pues me hicieron pensar que mi hija y mi esposo estaban graves. Pero llegando a Migración, me hicieron firmar un papel en blanco, me llevaron al Cereso, hice bolsas y tejí mochilas para ayudar a mis hijos de 11 y 17 años. Ninguna prueba se encontró contra mí”, señaló Rosario Noriega, criminalizada por el delito de trata.

En el texto se analizaron los expedientes de Santa, Guadalupe, Lorenza, Rosario, Rosa Elvia y Lilian, y se demostró que existen diferentes factores que permiten la criminalización de mujeres migrantes. Las causas estructurales de la desigualdad social, junto con políticas migratorias restrictivas que constantemente violan los derechos humanos de las personas migrantes, puso a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad que facilitaron su detención y criminalización.

Se documentó la detención arbitraria, tras operativos policiales en los cuales fueron privadas de su libertad y acusadas injustamente del delito de trata de personas; en el proceso no contaron con asistencia consular y se les obligó a firmar declaraciones fabricadas; incluso, en algunos casos, fueron torturadas, todo bajo un esquema de constante discriminación. Además, la mayoría de las mujeres fungían como proveedoras en sus hogares, por lo que sus seres queridos fueron dejados en estado de indefensión.

También se destaca la fuerza de las seis mujeres y la manera de afrontar lo que vivieron, a través de la solidaridad y de una lucha digna por la justicia. Hoy están fuera de prisión, pero siguen enfrentando día a día las consecuencias de la criminalización que sufrieron.

El informe presenta una serie de recomendaciones a autoridades locales de Chiapas y instancias federales, como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como a la Procuraduría General de la República y a comisiones de derechos humanos estatales. Estas recomendaciones buscan generar condiciones para que los hechos vividos por las mujeres no vuelvan a ocurrir.

Entre otras, destacan: atender integralmente las condiciones en qué se da la migración en México, asegurar el debido proceso, incluyendo revisión de operativos, la correcta investigación de casos (como la trata), la exclusión de pruebas ilícitas y garantizar el derecho de asistencia consular. También se recomienda generar esquemas de atención, sanción y reparación de casos de violaciones a derechos humanos como los documentados en este texto.

Aquí puedes descargar el informe.

PRAMI/VGY