¿Quién podrá imaginar todas las posibilidades que ha brindado la llegada de internet a la vida cotidiana? No sólo se puede hablar de un cambio en la forma de comunicarse, sino de la manera en cómo se ha metamorfoseado el mundo como lo conocíamos. Manuel Castells ha dicho que la labor más importante de la comunicación es la creación de símbolos en las sociedades que van construyendo formas de vida y de relación social.

Los símbolos basilares del mundo han cambiado en los últimos años. Amor, justicia, poder, Estado, corrupción son algunos de los vocablos que han tenido cambios que nadie imaginaba. Hoy en día todo es diferente y las relaciones humanas y los valores políticos son diferentes por las nuevas formas de comunicación que han irrumpido en las últimas décadas.

En este sentido, el uso de redes sociales y medios electrónicos puede plantear nuevas perspectivas en el uso, y disposición de información. Pero, con la amplitud de fuentes de información y la vorágine que provocan,  surge una pregunta: ¿Puede “olvidarse” o cancelarse aquello que se ha escrito o publicado y hecho circular en medios electrónicos, como redes sociales y motores de búsqueda de información, y que se puede considerar por alguien como dañino?

El año pasado la famosa actriz Livia Brito buscó a través de sus abogados “borrar” fotografías que se realizaron al inicio de su carrera que se encontraban en internet, por considerarlas no adecuadas a su fama y prestigio.

¿Es posible establecer un derecho al olvido en un tiempo histórico donde (casi) todo es permitido, pero cuya información del pasado pueda afectar los intereses de una persona en el presente? Por ejemplo, qué sucede si una persona que cometió un delito en el pasado y que purgó su pena y en el presente sigue dicha información en las redes. ¿Tiene derecho a solicitar el retiro de esos datos ante los tribunales?

La interrogante es amplia y llena de complejidades porque el desarrollo de internet vino a darle mil posibilidades a la libertad de expresión y, especialmente, a la difusión de información que ha posibilitado el ejercicio de libertades públicas y de información.

Sin embargo, en algunos modelos políticos, y especialmente en el europeo, se ha construido una figura que puede establecer ciertos principios de defensa a la privacidad de las personas y que se denomina de forma elegante como derecho al olvido y que no es otra cosa que el derecho que tiene una persona a la cancelación de una información que se encuentra en internet y que se considera, por parte del quejoso, como un elemento que vulnera su privacidad y que resulta determinante para la protección de sus datos personales.

La cuestión ha sido objeto de análisis reciente en el mundo, particularmente en Europa, y ha comenzado a discutirse, e incluso, a someterse a consideración de los tribunales u órganos gubernamentales de México, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). 

Las leyes sobre protección de datos en los diferentes países han resultado muy estrechas para regular adecuadamente el fenómeno. Por ello, las respuestas que plantea dicho entuerto han venido de los tribunales.

Una de las primeras sentencias en el mundo que se pronunciaron sobre la tensión entre información, privacidad y olvido fue emitida en virtud de un caso en España, en donde una persona logró mediante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014 que se cancelará su nombre de motores de búsqueda, pues señalaba que había sido un deudor incumplido y en la actualidad ya no lo era, pues había saldado la deuda.

Dicho fallo provocó una andanada de casos judiciales ante los tribunales europeos. En septiembre de 2014, los tribunales franceses siguieron el relente español y permitieron que dos quejosos “cancelaran” información que consideraban difamatoria. En este caso, Google sólo canceló la información en territorio galo. Como se advierte, la cuestión es compleja porque involucra derechos de personas pero también empresas poderosas que gestionan motores de búsqueda.

En el sistema mexicano no existe una regulación específica sobre el derecho al olvido y sólo en el último año se ha analizado la posibilidad de su regulación para lograr hallar un equilibrio entre privacidad y la libertad de prensa y comunicación. Sin embargo, hay que entender que el olvido en este sentido es una herramienta efectiva para la protección de datos personales, pero siempre se tendrá que hacer la ponderación entre interés público y privacidad.

Por ejemplo, qué sucedería si un político quisiera solicitar la cancelación de la información de su “pasado” donde se le considerara como corrupto. ¿Sería importante para la ciudadanía que dicha información se dejara en los motores de búsqueda y así se pudiera saber cómo ha actuado como servidor público y de esta manera, el ciudadano tuviera elementos para su evaluación en el futuro? ¿O, más bien, el político que realizó actos de corrupción podría “cancelar” dicha información de internet si ya hubiera “pagado” por dichos actos?

En sentido estricto: ¿el olvido es un derecho? No lo creo. En la historia de la humanidad han existido muchas cosas que han sido prohibidas y que han sido transmitidas, incluso, de manera subrepticia y que han posibilitado el desarrollo de la humanidad. Incluso, en el siglo XX, muchos regímenes totalitarios pretendieron inhibir y echar al olvido muchas obras literarias y políticas que fueron fundamentales para la historia de las democracias. El llamado del derecho al olvido sólo recuerda que se debe ser responsable con lo que se publica y eventualmente, con lo que se difunde. La última palabra lo tienen, todavía, los legisladores y tribunales.

*El Dr. Mario Cruz Martínez, profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

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