Abogados en la IBERO defienden al Sistema Nacional Anticorrupción
Jue, 31 Ago 2017
Hablan de la estrategia mediante el juicio de amparo
Dr. José Luis Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la IBERO.
Dr. Javier Cruz Angulo, académico del CIDE.
Dr. Óscar Cruz Barney, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la IBERO.
Dra. Ana Elena Fierro, Red por la Rendición de Cuentas.
Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano, docente del Departamento de Derecho de la IBERO.
Lic. Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, presidente de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Dr. Raúl Pérez Johnston, miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana. Colegio de Abogados.
Participantes del foro 'Defensa del Sistema Nacional Anticorrupción. Estrategia mediante juicio de amparo’.
Abogados litigantes y académicos de derecho se reunieron en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en un foro en el cual hablaron de la ‘Defensa del Sistema Nacional Anticorrupción. Estrategia mediante juicio de amparo’.
Como contexto a la discusión, el Dr. José Luis Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la IBERO –área que organizó la actividad-, recordó que el Comité de Participación Ciudadana presentó dos amparos ante instancias jurisdiccionales, que tratan de combatir la omisión legislativa en el tema de la inclusión de los estándares que ha marcado el Sistema Nacional Anticorrupción en la integración de los organismos locales; y para articular estos estándares en las leyes locales, sobre todo en materia de responsabilidad.
En esos amparos, Caballero encuentra tres razones para celebrar. Primera: “Estas acciones están evidenciando por dónde tienen que conducirse los sistemas locales anticorrupción para formar parte de una manera plausible de todo el entramado del sistema nacional. Es muy importante que las entidades federativas tengan la presencia de altura, de independencia, de autonomía suficiente, sobre todo ante los gobernadores, para que puedan contribuir en el gran papel de hacer sólido el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Segunda. Se tiene que acompañar el trabajo del Comité de Participación Ciudadana, un activo de este comité que está poniendo al servicio de México todas sus capacidades humanas, técnicas y de liderazgo. “Es importante poder ver estas acciones y estas tomas de postura que ellos están teniendo; acompañarlas, evaluarlas, analizarlas y suministrar insumos”.
Tercera. Abre una ruta en materia de la corrupción y su judicialización, “porque aún y cuando constitucionalmente, legalmente, hemos hecho las reformas para digamos abrir cauces mucho más amplios de procedencia del juicio de amparo, y mucho más claros en relación con una visión amplia de los derechos humanos, sí es importante acompañar ejercicios que requieren del Poder Judicial de la Federación”.
Derecho a una buena administración pública
Para el Dr. Javier Cruz Angulo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), existe un derecho humano a la buena administración pública, y éste tendría que ser capaz de generar la actividad jurisdiccional oponible a la omisión de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Para forzar la implementación se acude a órganos jurisdiccionales (amparo). ¿Por qué? Porque ciertos estados de la República o entidades federativas se niegan o no han cumplido con el mandato constitucional de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y frente a la omisión de estas autoridades, ya sea por expedir las leyes del sistema, ya sea por poner a los funcionarios a cargo, es que se interpusieron dos juicios de amparo; ya para provocar las leyes, ya para instalar el propio sistema”.
Comentó que en caso de que se gane el amparo el efecto natural de la sentencia sería, dígase a las fuerzas parlamentarias o dígase a los partidos políticos que integran a los representantes populares, que se pongan de acuerdo y que entonces expidan la normatividad aplicable.
El Dr. Óscar Cruz Barney, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y docente de la IBERO, explicó que el juicio de amparo nació pensado básicamente para actos de administración, después se extendió a actos del Poder Judicial, y “ha venido convirtiéndose en un instrumento fundamental de ejercicio ciudadano y de participación del Poder Judicial en la democracia”.
El amparo, en el Poder Judicial, se va a convertir en un instrumento para la consolidación democrática, para la rendición de cuentas. “El problema que tenemos hoy día es que no se están ejecutando los procesos como deben ejecutarse, no se están cumpliendo los pasos como deben de cumplirse, se hace de manera parcial, se acuerda un cambio a nivel constitucional y ya en la ejecución nos encontramos con una serie de obstáculos sumamente graves. Eso habla de una crisis del sistema”.
La Dra. Ana Elena Fierro, de la Red por la Rendición de Cuentas y académica del CIDE, se congratuló de que el Comité de Participación Ciudadana haya tenido la iniciativa de denunciar excesos y defectos en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Éstos me parece son los dientes por los que una gran cantidad de organizaciones sociales que están conformando la Red por la Rendición de Cuentas, incluso nosotros mismos dentro de la red, hemos estado empujando y peleando desde la conformación de las leyes de transparencia, desde el diagnóstico de todo el sistema de rendición de cuentas y ahora en este acompañamiento que se ha estado haciendo al Sistema Nacional Anticorrupción”.
Someter al poder político al control democrático
El profesor del Departamento de Derecho de la IBERO, Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano, dijo que “llevar al amparo una demanda en contra de las comisiones legislativas de prácticamente todos los estados del país tiene que ver justo con la búsqueda de pensar en contrapesos democráticos, por una parte; y por otra parte, pensar en mecanismos idóneos de acceso a la justica de las personas”.
Agregó que el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en hacer efectivo su mandato, para sustentar que el combate a la corrupción sólo puede hacerse efectivo cuando existen límites eficientes al poder político; lo que hace necesario identificar la tensión que existe cuando se busca someter al poder político al control democrático.
“Lo que creo que evidencian las demandas de amparo del Comité de Participación Ciudadana en contra de las entidades legislativas es justamente las resistencias del poder político para construir sistemas anticorrupción que constituyan contrapesos efectivos”.
“De tal manera que entonces es muy importante que entendamos las acciones del Comité de Participación Ciudadana como un mecanismo que lo que busca como último aspecto es garantizar que el Sistema Nacional Anticorrupción realmente se convierta en una herramienta efectiva de protección de los derechos de las personas y que combata efectivamente la corrupción que se da en el sistema político”.
“El gran reto que tiene el Estado es la plena implementación de los sistemas anticorrupción; como una apuesta de que hay auténtica voluntad política para combatir la corrupción. Y por otra parte, la evidencia de que si las y los ciudadanos no participan activamente a través de mecanismos judiciales, parece ser que esta voluntad política es difícil que se alcance”.
El Presidente de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Lic. Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, comentó que los ciudadanos quieren y buscan la implicación correcta del sistema en su totalidad, que existan los sistemas locales operando en forma correcta.
Sin embargo, nos encontramos ante una actividad pasiva de la autoridad, que no es simplemente una omisión, pues parece ser un bloqueo para detener la posibilidad de impulsar el sistema. “Esta omisión vulnera por supuesto el principio de supremacía constitucional, porque no estamos hablando de una omisión legislativa en términos de cualquier otro tipo de generación de leyes. Hay un mandato constitucional incumplido y el grado de afectación es grave”.
Ciertamente, el Sistema Nacional Anticorrupción es complejo desde su conformación y por lo tanto tardío en su operación. “Si además los estados de la República todavía ponen este tipo de resistencias, pues pareciera que el sistema se ve cada vez más lejano en su debida operación íntegra y total, como está diseñada desde origen”.
Por ello, es un atino del Comité de Participación Ciudadana haber promovido los amparos; pero ésta no puede ser la única estrategia, hay que pensar en situaciones alternas, como el juicio político.
“Creo que podríamos tener un elemento adicional a través del juicio político para hacer un reclamo a todos aquellos funcionarios y todos aquellos miembros de congresos que han estado sin actuar.”
“Si el juicio político y el amparo empiezan a evidenciar quiénes son estos actores y quiénes son estos personajes que más que una simple omisión están oponiendo resistencia, podremos entonces buscar mecanismos diversos para que logremos que se activen y accionen realmente los sistemas locales anticorrupción y el resto del sistema”.
Por último, el Dr. Raúl Pérez Johnston, miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana. Colegio de Abogados, mencionó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sigue operando de manera incompleta, o por lo menos imperfecta, ante las ausencias de nombramientos que ha habido.
“Pudiera caber una controversia constitucional por parte del Comité de Participación Ciudadana, en donde en aras de preservar precisamente el orden constitucional, y como garante del Sistema Nacional Anticorrupción, pudiese solicitarle no solamente a la federación, sino también a los estados, que cumplan con el mandato constitucional que se desprende de la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten
y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
Para mayor información sobre este comunicado llamar a los teléfonos: (55) 59 50 40 00, Ext. 7594, 7759
Comunicación Institucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prol. Paseo de la Reforma 880, edificio F, 1er piso, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219
