En México nuestro sistema de justicia ha excluido sistemáticamente a los niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados en distintos procesos legales. En la práctica, este grupo no es tratado como parte activa de los procedimientos sino como “objetos de protección”; personas afectadas o testigos con poca credibilidad. El sistema de justicia tiende a ignorar u omitir la garantía de sus derechos, además suelen enfrentarse a espacios y escenarios hostiles.

La única excepción es cuando niños, niñas y adolescentes son objeto de procedimientos penales, en cuyo caso se les trata prácticamente sin distinción de los adultos, lo cual conlleva penas carcelarias demasiado severas para su edad.

Esta situación tiene raíces legales, culturales y sociales. Nuestro sistema de justicia fue construido por el hombre blanco, sin discapacidad, heterosexual, adulto y propietario como figura central. Las personas que se enfrentan al sistema legal mexicano y no encajan en esta caracterización, suelen ver vulnerados sus derechos o pasan por penurias mucho mayores para exigirlos. Resulta una ironía que la base de la justicia en México sea una forma de injusticia, de la que se derivan tantas otras.

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Con información del Dr. Ricardo Ortega Soriano y la Mtra. Diana Mora, investigadores del
Departamento de Derecho, de la Universidad  Iberoamericana. 

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Históricamente, así ha funcionado la justicia impartida en los juzgados y tribunales alrededor del mundo, lo cual resulta en instituciones que reproducen las condiciones de desigualdad, exclusión e incluso, sometimiento de personas y grupos enteros en la sociedad.

La principal característica que diferencia al grupo formado por niños, niñas y adolescentes del resto de la población es que son personas en desarrollo emocional, cognoscitivo y físico, por lo que sus procesos mentales se estructuran de formas distintas a las del pensamiento adulto. En lugar de esperar que ellos y ellas cambien su comportamiento, el sistema debe adaptar sus mecanismos para que formen parte activa de los procesos y se les considere sujetos de derechos de facto y no sólo de iure.

Para hacerlo hay que llevar a cabo modificaciones estructurales que habiliten procedimientos de justicia adaptada en todos los tribunales del país. La adaptación de los procesos debe ser integral y lo suficientemente flexible para responder a las necesidades a cada materia legal. Un ejemplo de esta metodología es la SAPCOV que fue implementada en 2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, con el apoyo de UNICEF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los últimos años ha comenzado a adoptarse en otros tribunales del país.

A la par se debe invertir en modificaciones en la infraestructura para la construcción de espacios adecuados; ajustes en los procedimientos internos para la participación de niñas, niños y adolescentes e incorporación de personal especializado en las distintas etapas de los procedimientos.

Además, el personal operativo que interviene debe llevar un proceso de capacitación adecuado y acompañado por especialistas, no sólo en materia procedimental, sino en temas de salud física y mental de las infancias.

Hay que considerar los distintos contextos de cada estado de la República para que la adaptación se ajuste a cada uno, pero siempre aspirando a los máximos estándares de calidad posibles. Seguir reproduciendo un esquema legal que no considera la situación específica de algunos de sus ciudadanos es un acto de crueldad sistemática. Niños, niñas y adolescentes tienen sus propios derechos, un cambio en la actitud legal de nuestro sistema de justicia ante ellos puede devenir en infancias mejor cuidadas y más seguras.